Contragolpe empresario: se calienta el debate por la ley de zonas frías

Las distribuidoras de gas se arman contra el proyecto para subsidiar más de tres millones de facturas residenciales. La mano macrista y los dichos de Guzmán.
Las empresas distribuidoras de gas encararon en los últimos días un contragolpe en detrimento del proyecto de ley de zonas frías que impulsa el Frente de Todos (FdT) en el Congreso, con el cual se espera beneficiar con subsidios en la tarifa domiciliaria a más de tres millones de clientes en distintas localidades del país.

No lo hicieron solas. Fueron acompañadas por la Fundación Pensar, el think tank macrista, e incluso por exfuncionarios de la gestión Cambiemos, como Nicolás Gadano, exgerente general del Banco Central. No parece casual que la crítica al proyecto que se debatirá en el Congreso haya llegado de alguien que se desempeñó en el área de las finanzas, debido a que en las compañías del sector y en los sectores más ultra de la oposición suele concebirse a la energía como un activo financiero más que como un derecho.

Para avanzar en sus cuestionamientos, los equipos técnicos de la Fundación Pensar se montaron sobre la discusión que mantuvieron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía eléctrica, Federico Basualdo, por el volumen de los subsidios. Para JxC, beneficiar a las provincias y localidades con bajas temperaturas invernales -además de las patagónicas- es seguir consolidando un modelo de subsidios “prorricos”.

“Los subsidios generalizados en las tarifas de gas natural benefician mayoritariamente a los sectores de mayores ingresos. Esta afirmación ha sido comprobada en Argentina y en el resto del mundo y hasta ha sido ratificada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Con el esquema actual de tarifa diferencial, un usuario con tarifa social en La Matanza paga parte del consumo de un usuario de altos ingresos con un departamento en Bariloche”, puede leerse en el informe de la Fundación Pensar.
“Los servicios de transporte y distribución no reciben ningún subsidio del Estado nacional, quien solo subsidia el componente gas. El Fondo Fiduciario para los consumos residenciales se autofinancia”, les respondió Federico Bernal, interventor del Enargas, en un artículo publicado en El Cronista y replicado en el sitio web del organismo.

La aclaración de Bernal no es menor. La llamada “Ley zona fría” se enmarca en la extensión del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas creado en 2002 para reducir las tarifas de los usuarios de la Patagonia.

Este instrumento se financiaba con un cargo del 7,5% de las facturas de las zonas más cálidas y templadas del resto del país. No implicaba una erogación directa del Estado, sino que constituía una transferencia entre las boletas residenciales de las distintas zonas. La administración anterior redujo el cargo en tres puntos y ahora el proyecto oficial buscar restituir el porcentaje original. En una primera etapa, el cargo en las facturas de los usuarios y usuarias de las zonas más templadas del país será de 5,23 por ciento, no más de 5 pesos por factura, según el cálculo de los impulsores de la iniciativa.

Distribuir

Según el Enargas, con el nuevo universo de beneficiarios que incluye a las provincias de la Patagonia y diferentes localidades de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Luis, San Juan y Salta, el Fondo Fiduciario requerirá financiarse con 25.234 millones de pesos, que se repartirán entre las diferentes distribuidoras del país, bajo el siguiente esquema: Gasnor ($403 millones), Camuzzi Gas del Sur ($8400 millones), Camuzzi Pampeana ($6700 millones), Cuyana ($2800 millones), Litoral ($2500), Naturgy ($343 millones) y Centro ($2500 millones).
No son fondos que deberán aportar las empresas ni el Estado, sino que saldrán del mencionado Fondo Fiduciario.

Mauricio Roitman, extitular de Enargas, se puso del lado de las distribuidoras. “El aumento del cargo patagónico no es neutral fiscalmente por un mayor costo para Cammesa por el mayor cargo para usinas, por menor ahorro y eficiencia energética del consumo residencial de gas (demanda prioritaria), mayor consumo de combustibles líquidos en generación y costos de devolución de IVA que impactarán en las distribuidoras o en las petroleras. Y todo a pagarse con mayor financiamiento monetario, lo cual redundará en mayor inflación”, afirmó. El argumento del IVA es el que esbozaron las distribuidoras para oponerse al proyecto.

“Los servicios públicos no pueden ser una mercancía”, dijo a Letra P el secretario de Energía de Tierra del Fuego, Moisés Solorza. “Si hay algo que siempre se discute son las tarifas, y se buscan justificativos para que suban, pero nunca se discuten las ganancias de las empresas. Es hora de que se conozcan todas las estructuras de costos para que haya tarifas y ganancias equilibradas”.

Ganancias
Una de las sociedades que hizo pública su queja fue Camuzzi Gas del Sur y Pampeana, cuyo accionista controlante es Alejandro Mcfarlane, exceo de Edenor. En 2016, esta sociedad anotó una pérdida de $514 millones, pero, luego del tarifazo del gobierno macrista, su ganancia neta llegó a los 1.368 millones de pesos (2017) y a los $3.089 millones para 2018. En un año, incrementó su rentabilidad un 126%.

En el caso de Transportadora de Gas del Sur, su rentabilidad pasó de los 931 millones de pesos en 2016 a los 11.416 millones para 2018, tarifazo de por medio. Es decir, un incremento del 1.126%.

La empresa es una sociedad controlada por la Compañía de Inversiones de Energía S.A. (CIESA) con el 51 por ciento de las acciones. El resto cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. A su vez, CIESA está sujeta a un control conjunto entre Pampa Energía (Grupo Mindlin) que posee una participación del 10% del capital social de CIESA, y el Fideicomiso CIESA cuyo beneficiario es Petrobras Hispano Argentina S.A., empresa adquirida también por Mindlin que luego pretendió venderle a Mcfarlane.

Ambos empresarios eran asiduos visitantes del entonces presidente Mauricio Macri en Olivos, según los registros de visitas a los que accedió este cronista.